Agencia Cooppabolivar
La Justicia frenó el intento del gobierno de avanzar con el pase a disponibilidad de 300 empleados del INTA, pese a que el Congreso ya había anulado los decretos de desmantelamiento de organismos públicos. El fallo advierte sobre despidos encubiertos y posibles sanciones penales a las autoridades que impulsen la medida
El Congreso anuló los decretos contra organismos públicos, pero el gobierno insiste en avanzar con los pases a disponibilidad como mecanismo para dejar a cientos de trabajadores sin empleo. Esta vez, la Justicia frenó el intento de hacerlo con 300 empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Desde octubre del año pasado, la reestructuración de organismos del Estado se convirtió en excusa para destruir puestos de trabajo. Áreas del Ministerio de Desarrollo Social, niñez, discapacidad, comunicaciones, salud y hábitat fueron atravesadas por la misma matriz de ajuste.
En diálogo con Radio Ahijuna, la abogada de los equipos jurídicos de ATE, Eliana Bagnera, explicó que incluso se dispuso el pase a disponibilidad de personal antes de que existiera un registro oficial para reubicarlos: “Previo a julio ya habían pasado a disponibilidad trabajadores y trabajadoras sin existir el registro. Entonces nos preguntamos: ¿cómo los van a reubicar si no hay registro? Ahí está lo que decimos sobre la existencia de despidos encubiertos, porque tenés todo el Estado para poder reubicar y eso no está sucediendo. Además, estas resoluciones se apoyan en un decreto que ya fue declarado nulo”.
Un juzgado federal ya había marcado antecedentes para retrotraer los cambios, y el fallo conocido ayer reiteró la prohibición de innovar respecto del personal, con la advertencia de que podrían aplicarse multas millonarias y sanciones penales por desobediencia, según resolvió la jueza María Isabel Forns.
La semana pasada, el Congreso votó contra los desmantelamientos en varios institutos, entre ellos el INTA. En ese marco, los trabajadores cuestionaron al presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, a quien señalaron como ejecutor y avalador de los despidos, y le advirtieron que podría ser responsable penal en caso de avanzar con los pases a disponibilidad.
Consultado al respecto, Bronzovich reconoció: “No, no lo sabía. No lo tengo claro”.
